SOBRE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES EN ECUADOR

En vista de las consultas que han llegado de personas de España sobre el ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales, existente en el ordenamiento jurídico español (art. 543 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial; art. 23 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en el sentido de si existe tal profesión en la República del Ecuador o si es preceptiva su intervención en los procesos judiciales que se sustancien en juzgados y tribunales ecuatorianos, se ofrece al respecto la siguiente información:

1.- En la República del Ecuador NO EXISTE como tal la PROFESIÓN de PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, del mismo modo que existe en España.

2.- Sin embargo, SÍ ESTÁ PREVISTO en el Código de Procedimiento Civil (arts. 38 al 56), la figura del PROCURADOR JUDICIAL.

3.- De acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, son procuradores judiciales los mandatarios que tienen poder para comparecer en juicio por otro. Sin embargo, se deja en claro en todo momento el carácter facultativo de la designación de procurador judicial, indicándose, al mismo tiempo, que son hábiles para designar procurador las personas que pueden comparecer en juicio por sí mismas.

4.- La regla general es que únicamente pueden ser procuradores judiciales los ABOGADOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN. Y por tales, se debe entender quienes cumplan con los requisitos establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial (art. 324), que son, básicamente, los siguientes:

A) Tener título de ABOGADO, otorgado por una facultad de Derecho (que en Ecuador también pueden recibir el nombre de Jurisprudencia o Ciencias Jurídicas) de cualquier universidad legalmente establecida en Ecuador o si se ha obtenido en el extranjero, debe estar debidamente reconocido por la vía de la homologación.

B) Hallarse en goce de los derechos de participación política (abogados ecuatorianos) y si se trata de abogados extranjeros, hallarse en goce de derechos civiles.

C) Formar parte del Foro de Abogados, mediante la incorporación al Registro, que a tal efecto, mantiene el Consejo de la Judicatura, a través de las Direcciones Regionales.*

*NOTA ACLARATORIA.- La obligación de inscribirse en el Libro de Registro del Foro de Abogados, que está a cargo del Consejo de la Judicatura,  la introdujo el Código Orgánico de la Función Judicial, en vigor desde el 9 de marzo de 2009. Sin embargo, quienes hubieran obtenido el título de abogado ANTES de la entrada en vigor del mencionado Código y ya se encontraran ejerciendo profesionalmente, NO TIENEN OBLIGACIÓN de inscribirse en el mencionado Libro de Registro del Foro de Abogados, pues la Disposición Transitoria Octava del Código Orgánico de la Función Judicial los exime de tal obligación, dado que ya constaban inscritos como tales en los antiguos Libros de Registro de Matrícula de Abogados que, al amparo de la antigua Ley Orgánica de la Función Judicial, tenían a su cargo la Secretaría de la Presidencia de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en Quito, hoy sustituida por la Corte Nacional de Justicia y las Secretarías de las Presidencias de las Honorables Cortes Superiores de Justicia en las capitales de provincia, hoy sustituidas por las Cortes Provinciales de Justicia e inscritos en cualquier Colegio de Abogados. Sin embargo, se les concede el derecho a solicitar por escrito el otorgamiento de su credencial del Foro de Abogados, ante la respectiva Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura. Por tanto, la exigencia de inscripción en el Libro de Registro del Foro de Abogados rige para quienes obtuvieron el título a partir de la fecha de entrada en vigor del Código Orgánico de la Función Judicial.

Adicionalmente, no debe encontrarse en causales de INCOMPATIBILIDAD PARA PATROCINAR, previstas en el art. 328 del Código Orgánico de la Función Judicial, ni tampoco tener IMPEDIMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, que vienen enumerados en el art. 329 del Código Orgánico de la Función Judicial.

La diferencia es que la INCOMPATIBILIDAD está relacionada directamente, bien con el ejercicio por parte del abogado de un cargo público de elección popular, de confianza política o al cual se ha accedido por concurso de méritos y oposición o bien con el ejercicio de la representación legal o administración de determinado tipo de personas jurídicas  o bien con el ostentar una calidad determinada, como sucede con los ministros de cualquier culto, funciones o calidades todas que, en definitiva, exigen dedicación exclusiva que no se puede compaginar con el libre ejercicio de una profesión liberal como la abogacía. En cambio los IMPEDIMENTOS están relacionados directamente con la conducta personal del abogado, que ha dado lugar a una sanción administrativa, a la imposición de una pena o bien a un hecho que lo ha vuelto incapaz y ha motivado que sea declarado interdicto mediante sentencia judicial (demencia, prodigalidad, embriaguez consuetudinaria, toxicomanía, sordomudez en la que no pueda darse a entender por escrito ni por lengua de señas).

Visto de la manera antedicha, puede concluirse que, en la República del Ecuador, el ejercicio de la procuración judicial es UNA FACETA MÁS DEL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, pero no constituye, en sí misma, una profesión diferente, ni autónoma, ni que tenga una regulación específica para su acceso y ejercicio (la regulación que trae el Código de Procedimiento Civil se refiere exclusivamente a su institución, partiendo de que son abogados y a la forma de nombrarlos y manera de ejercer la procuración). Y teniendo en cuenta que no es preceptiva la intervención de procurador, no siempre comparecerán en juicios procuradores.

5.- EXCEPCIONES A LA CALIDAD DE ABOGADO DEL PROCURADOR.- Existen, sin embargo, excepciones a la necesidad de que el procurador judicial sea abogado en libre ejercicio de su profesión:

A) Cuando se trate de procuración judicial que se otorgue para comparecer ante jueces, funcionarios o autoridades residentes en cantones o lugares en los que no hubiere por los menos CINCO abogados establecidos.

B) Los casos de procuración procedentes del exterior (es decir, desde el extranjero).

C) El ejercicio de la PROCURACIÓN COMÚN, que es el caso en el que habiendo dos o más actores por un mismo derecho  o dos o más demandados, cuyos derechos no sean diversos o contrapuestos, el juez de la causa dispone que constituyan un solo procurador dentro del plazo que se señale, lo que, de no hacerse, dará lugar a que el juez designe entre las partes a la persona que debe servir de procurador.

6.- INCAPACIDAD PARA SER PROCURADOR.- Adicionalmente a los casos de incompatibilidad o incapacidad para el ejercicio de la abogacía establecidos en el Código Orgánico de la Función Judicial, que hacen que, en consecuencia, tampoco se pueda ser nombrado procurador judicial, también existen casos específicamente previstos en el Código de Procedimiento Civil en los cuales una persona no puede ser procurador:

A) Personas que se hallen suspendidas en el ejercicio de sus derechos políticos.

B) Personas que hubieran sido sancionadas penalmente de acuerdo con la Ley por el ejercicio ilegal de la abogacía (lo que antes venía regulado en la Ley para el juzgamiento de tinterillos y por eso, el precepto normativo sigue redactado en esos términos; pero esa Ley hoy está derogada y su materia objeto de regulación ha sido recogida para TODAS las profesiones para cuyo ejercicio la Ley exija un título profesional específico en el art. 330 del Código Orgánico Integral Penal bajo el título “ejercicio ilegal de la profesión” que sería similar a lo que en otros países denominan “intrusismo profesional”).

C) Los secretarios y más empleados de los tribunales y juzgados.

7.- FORMAS DE OTORGAR LA PROCURACIÓN JUDICIAL.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 40, segundo inciso, del Código de Procedimiento Civil, la procuración judicial se puede otorgar de cualquiera de las siguientes formas:

A) Por escritura pública.

B) Por escrito reconocido ante el juez de la causa (lo que en España llaman “apud acta”).

El procurador, una vez nombrado por cualquiera de las formas antes indicadas, comparecerá en el juicio en nombre y representación de su mandante, lo que comprenderá asistir a todas las juntas, audiencias y demás diligencias, debiendo legitimar su personería desde que comparece en el juicio, a menos que, por graves motivos, el juez de la causa conceda un término para presentar poder, que no excederá de 15 días si el representado se encuentra en el Ecuador, ni de 60 días, si el representado se encuentra en el extranjero.

Con todo, aun a pesar de haberse nombrado procurador, cabe la posibilidad de que el mandante pueda ser obligado a  comparecer en el juicio personalmente para la práctica de alguna diligencia, como la absolución de posiciones (confesión judicial), reconocimiento de documentos y otros actos semejantes: todo esto puede suceder cuando en los escritos que presenta el abogado de cualquiera de las partes, se requiere que la contraparte comparezca usando la fórmula “por sí y no por interpuesta persona, ni aun por procurador”.

8.- NECESIDAD DE CLÁUSULA ESPECIAL.- Los procuradores judiciales deben atenerse a los términos del poder de procuración que les ha sido conferido. Pero, necesitan cláusula especial para los siguientes actos:

A) Transigir.

B) Comprometer el pleito en árbitros.

C) Desistir del pleito.

D) Absolver posiciones y deferir al juramento decisorio.

E) Recibir la cosa sobre la cual verse el litigio o tomar posesión de ella.

NOTA.- La práctica jurídica usual en Ecuador ha dado lugar a que, en todo tipo de mandatos con representación, aun a pesar de no tratarse de procuración judicial, se suela incluir como cláusula la habilitación al mandatario para realizar todos los actos antes señalados, mediante la referencia a la disposición legal que lo contiene, que es el art. 44 del Código de Procedimiento Civil. Se lo hace, básicamente, para no correr riesgos de que los poderes resulten insuficientes para las actuaciones que se pretende sea realizada con ellos.

9.- OBLIGACIONES DEL PROCURADOR JUDICIAL.- El art. 45 del Código de Procedimiento Civil enumera las principales obligaciones del procurador judicial:

A) Legitimar su personería OPORTUNAMENTE.

B) Ceñirse a las instrucciones de sus mandantes.

C) Llevar a los abogados los documentos necesarios para la defensa, darles noticia del estado de las causas y copias de las providencias que en ellas se dicte.

E) Presentar las pruebas y practicar las gestiones necesarias, para que se reciban dentro de los respectivos términos.

F) Guardar secreto de todo aquello que no deba descubrirse a la otra parte, bajo la pena señalada para el delito de prevaricato en el Código Orgánico Integral Penal (art. 269).

G) Satisfacer las tasas, multas y costas judiciales, aun cuando en el poder se les releve de esta obligación.

H) Interponer oportunamente los recursos que la Ley permite.

J) Cumplir, en los respectivos casos, los demás deberes que la Ley impone a los mandatarios.

10.- DISTINCIÓN ENTRE PROCURACIÓN JUDICIAL Y PATROCINIO PROFESIONAL.- Dado que no pocas veces se tiende a confundir ambas situaciones, conviene diferenciarlas. 

Si bien para ambas calidades se requiere, en general, que el sujeto tenga la titulación de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República y esté habilitado para el ejercicio profesional en el Ecuador, existen diferencias importantes:

A) El procurador judicial es, simplemente, un MANDATARIO, que tiene un encargo o cometido específico: REPRESENTAR A SU MANDANTE EN JUICIO Y COMPARECER EN TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN. Y a eso debe ceñir su mandato.

Y si bien la REGLA GENERAL es que deba ser abogado, no hay que perder de vista que existen excepciones, muy precisas, en las cuales no es exigible la calidad de abogado al procurador judicial.

B) En cambio, el patrocinador profesional, NECESARIA E INEXCUSABLEMENTE DEBE SER ABOGADO y tiene un cometido diferente: asesorar jurídicamente, dirigir la defensa técnica en el proceso y efectuar todas las diligencias y alegaciones en Derecho que sean necesarias para la defensa de los intereses de su cliente, así como firmar los escritos que deberán obrar en el proceso. Y es además quien recibirá las NOTIFICACIONES que, dentro del proceso, deban efectuarse a la parte procesal a la que patrocinan, ya que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 75 del Código de Procedimiento Civil, las notificaciones a todo el que sea parte en un proceso judicial deben ser efectuadas únicamente en:

- La casilla judicial de un abogado: esta ha sido y sigue siendo la forma tradicional de practicar las notificaciones de las actuaciones judiciales en Ecuador, que actualmente, con el auge de las nuevas tecnologías, empieza a caer en desuso y se prevé que desaparecerá con el tiempo. Eran casillas numeradas, similares a los apartados postales de correos, que por lo general funcionaban en los Palacios de Justicia o edificios destinados a Juzgados, donde los abogados pagaban un alquiler anual por el arrendamiento de la casilla judicial.

- El domicilio judicial electrónico de un abogado: novedad introducida a raíz de la generalización del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito judicial de Ecuador y que actualmente está en auge y previsiblemente terminará desplazando a las tradicionales casillas judiciales. Se trata de una dirección de correo electrónico certificada por el Consejo de la Judicatura, que éste asigna a los abogados que lo solicitan.

C) Al procurador judicial se lo puede designar mediante escritura pública o mediante escrito reconocido ante el juez de la causa. En cambio, al abogado patrocinador se lo suele designar en el mismo escrito de demanda o contestación a la demanda, en el que se declara expresamente que se lo autoriza para que, con su sola firma e indicación de número de registro, presente cuantos escritos sean necesarios para la legítima defensa de los intereses de quien lo designa su defensor. Y en el mismo escrito, se suele señalar como domicilio para notificaciones la casilla judicial del abogado o su domicilio judicial electrónico.

COMENTARIO FINAL.-
Por lo general, no es corriente que cualquier persona natural designe procurador judicial para comparecer en juicio, sino que suele ser habitual que comparezca por sí misma patrocinada por su abogado.

Quienes, en cambio, siempre tienen procurador, son los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las financieras, las empresas del Mercado de Valores, las compañías de seguros, las grandes industrias o grandes empresas, así como también las sucursales de sociedades extranjeras, básicamente porque al ser tan grandes, sus representantes legales no pueden estar disponibles para hacer frente a todos los pleitos judiciales en los que deban intervenir y por eso, suelen designar un procurador judicial, que es un abogado (generalmente, con algunos años de experiencia profesional), que suele tener también asignadas las funciones de jefe o director del respectivo departamento legal y bajo cuya dirección está un equipo de abogados de planta, que actúan bajo sus instrucciones, en calidad de patrocinadores, en los diferentes pleitos judiciales que entabla o en los que es demandada la empresa o el banco. Cuando los abogados de planta resultan insuficientes, el procurador suele contratar abogados externos para que cooperen en las actividades ordinarias del departamento legal, siendo en todo caso un contrato civil, no laboral (muchos abogados jóvenes o recién graduados, suelen iniciarse profesionalmente como abogados externos de bancos o empresas); en cambio, cuando se trata de asuntos en los que, por su envergadura, requieren de un elevado grado de especialización profesional, lo corriente suele ser que el procurador, autorizado por el representante legal, contrate a un bufete especializado en la materia, que suele ser de los de mayor prestigio en el ámbito local.

También suelen designar procurador judicial personas que residen o están domiciliadas en el extranjero, para que las representen en los procesos judiciales en los que sean parte ante juzgados y tribunales de Ecuador.
En conclusión, cualquier abogado habilitado para el ejercicio profesional en la República del Ecuador está también facultado para ser designado procurador judicial y actuar en tal calidad en juicio, sin más limitaciones que las establecidas legalmente. Sin embargo, la intervención del procurador judicial no es preceptiva como puede serlo en otros países, como España, por ejemplo, sino facultativa. Asimismo, se recalca que la procura no constituye una profesión independiente y diferente, sino que es una faceta más del ejercicio profesional de la abogacía consistente en comparecer en juicio en nombre y representación de otro, que no puede, ni debe confundirse con el patrocinio profesional, que es otra faceta distinta del ejercicio profesional, que consiste en la asunción de la asistencia y defensa técnica en juicio.

Espero que sea de utilidad esta información.

Nuevo tema