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Nota de prensa del Consejo General de la Ciudadanía Española Exterior

Hola a todas y todos,

Nos queremos hacer eco de la nota de prensa de del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior.

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En manera alguna soy el primero o el único en reclamar un cambio profundo en lo que es, hace, y el impacto que tiene el Consejo General. Muchos consejeros han elevado sus voces en años recientes. Unos, con posiciones radicales, lo han hecho pidiendo “la abolición del Consejo pues supuestamente no vale para nada”. Otros lo han hecho con un sentido de verdadero deseo de renovación, proponiendo supuestos cambios desde los más superficiales hasta los de mayor calado.
Pero sí espero que este sea el momento más propicio y que con esta propuesta pueda hacerme eco de lo que otros consideran que debemos emprender.
Si bien lo pensamos, este sería un momento ideal, quizá el mejor período para llevar a cabo un proyecto de profundo autoexamen y autoanálisis. Tenemos ante nosotros largos meses—y no sabemos cuánto se alargarán—en los que el Gobierno está en un limbo de funcionamiento parcial, y el Parlamento en un pretendido activismo legislativo de proyectos de ley que saben que, en su inmensa mayoría, no irán a ninguna parte. Aprovechemos esta oportunidad.
En estas circunstancias, no podríamos esperar muchos resultados de otros proyectos que quisiéramos desarrollar en el campo de nuevas o renovadas reivindicaciones.
En cambio, sí podríamos llevar adelante este proceso de renovación. Al final de este período de unos seis meses, y tras la celebración de nuestro último Pleno de este VI Mandato en septiembre, podríamos haber elaborado un gran acuerdo que transmitiéramos a los consejeros del VII Mandato como nuestro legado más valioso. A continuación, seguiríamos “en funciones” hasta el Primer Pleno del siguiente mandato, para poder pasar la batuta a nuestros sucesores.
Poco tiene que ver lo que propongo aquí con las modificaciones del Real Decreto del Consejo General que propusimos en la primavera de 2015. Aquéllas fueron relativamente puntuales, de alcance muy limitado. No hicieron frente a lo que aquí propongo como regeneración del Consejo General. Si ha de ser eficaz y tenido en cuenta como un órgano de representación que cumpla su misión a un nivel muy superior, hace falta una visión totalmente renovadora.
Precisamente, pensemos que el Gobierno no ha hecho nada con esas recomendaciones para modificar el Real Decreto el año pasado. Es algo de por sí muy elocuente. ¡Quién puede pretender que nuestras recomendaciones son tenidas seriamente en cuenta en nuestra situación presente!
Todos nos preguntamos en comisión tras comisión, permanente o delegada, en corrillos en los plenos del Consejo: ¿Qué visibilidad, qué impacto tiene el Consejo General? ¿Qué consecuencias tienen las docenas de propuestas que elaboran sus comisiones delegadas y los acuerdos que aprueba el Pleno? Y la doble respuesta es: Visibilidad, mínima; en cuanto a impacto, mucho menor del que debía tener. Y consecuencias, ya vemos: bastante exiguas y bastante menos de lo que reivindicamos.

El ejemplo más sintomático de nuestros problemas es la Comisión Permanente. Por una parte nadie debía dudar de que realiza una labor concienzuda, seria, dedicada, con mucho esfuerzo, tiempo y talento dedicado a nuestras labores.
Pero curiosamente, como Comisión Permanente, somos solamente lo que podemos ser y llegamos tan solo hasta donde se nos permite llegar. Sí, somos la comisión de seguimiento de todos los acuerdos y proyectos del Consejo General. Con todo, nuestro seguimiento hasta ahora se ha reducido a revisar los acuerdos y ver qué réplicas ha ofrecido el Gobierno a sus contenidos. Con frecuencia, si la Comisión  ha considerado que las respuestas recibidas eran inadecuadas, lo ha hecho notar así, refiriéndolas en su caso a la comisión delegada correspondiente. Más allá de eso no hemos ido muy lejos.
Cierto también que la Comisión ha tratado y elaborado propuestas, ideas, iniciativas para conseguir que la misma Comisión y el Consejo fueran más eficaces. Pero aquí estamos, dos mandatos después, y yo diría que se ha avanzado tan solo modestamente. No se han conseguido la mayoría de nuestras iniciativas más creativas. Nuestro trabajo tiene un impacto muy limitado, cuando las necesidades y derechos vulnerados de nuestro colectivo claman al cielo.
Si tratamos de evaluar más de cerca los logros de VI Mandato del Consejo, advertimos una seria ausencia de resultados tangibles, e incluso debemos reconocer claros retrocesos en las reivindicaciones mayores del Consejo General.
Diré más aún. No es mayormente culpa ni de la Comisión Permanente ni del Consejo. En buena parte, ambos hacen su trabajo y llegan hasta donde se les permite. Pero solo en buena parte. Pues hay muchas responsabilidades que repartir para explicar esta falta de eficacia.
Este panorama nos debería obligar a reconsiderar seriamente el tipo de seguimiento que la Comisión Permanente debería emprender. Está claro que no basta con revisar, comentar, proponer, pedir, insistir, reivindicar, o un largo etcétera. Hasta ahora y con demasiada frecuencia, para el Gobierno, todo esto ha sido un simple bla, bla, bla, si hemos de juzgar por los resultados. Cuando éstos son tan exiguos, debemos concluir que se impone ir bastante más lejos para conseguir las metas que el Pleno reivindica y que la Comisión Permanente trata de seguir infructuosamente.
Si interpreto debidamente la voluntad de nuestros representados, ninguno de nosotros duda que nuestro colectivo quiere y espera resultados tangibles. No le interesan mucho las buenas palabras o promesas.
Si hemos de SEGUIR responsablemente los acuerdos y declaraciones del Pleno, se impone que, cuando las palabras no bastan, busquemos métodos de acción democrática juiciosa, de presión mediática más enérgica. Debemos desarrollar resortes que hagan mucho más públicos la pasividad, la inacción, el vacío, e incluso el desprecio que con demasiada frecuencia son la respuesta de nuestro Gobierno y Parlamento a nuestras reivindicaciones.
La Comisión Permanente debería ser el motor del Consejo, la que le arrastrara, empujara y movilizara. Ya su composición está perfectamente estructurada para esta labor. Los miembros exoficio representan a todo el organigrama básico del Consejo—Presidente, Presidentes de las cuatro comisiones delegadas, y Secretario (Administración). Además asume también un importante integrante de democracia representativa directa: los tres miembros electos por el Pleno. A mi parecer, esta estructura es claramente adecuada. No muy grande, a fin de ser eficaz y versátil. No demasiado exigua como para no ser plenamente representativa.
Aun así, su seguimiento tiene poca garra y escasos resultados.
Y es que el problema que tiene la Comisión Permanente no es sino un síntoma y un reflejo del problema del Consejo General.
El fallo fundamental hasta ahora, con rarísimas excepciones, es que hemos tomado nuestra misión de órgano asesor y consultivo en su nivel más elemental: Emitir acuerdos, hacer declaraciones, presentar escritos, etc. Repetimos, todo esto queda lejos de ser eficaz. Para solucionarlo, se impone que demos un salto cualitativo.
En su doble responsabilidad de su misión consultiva y asesora, el Consejo General (y por lo tanto todas las comisiones delegadas y la Permanente) ya falla de modo espectacular en la parte primera.
Cuántas veces en años recientes hemos tenido que ser testigos de que ni el Gobierno ni, de una manera especial, el Parlamento han consultado al Consejo sobre normas y leyes en desarrollo. Esa consulta debiera haber sido incuestionable si se hubieran cumplido las normas establecidas en el Estatuto y el Real Decreto. Y si se nos ha consultado en ocasiones, de qué han servido nuestras recomendaciones.
A decir verdad, sí que ha habido excepciones destacables, como son la misma elaboración del Estatuto, el Real Decreto de los CRE ahora vigente, y las dos reformas más importantes de nacionalidad (2002, 2007). Estos son precisamente importantes ejemplos de lo que debiera ser el modo habitual de proceder. Pero nada habitual hay en ello. Son solo la excepción.

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